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El Gobierno ha incluido en sus proyectos de reformas más urgentes para ser enviadas al Congreso antes del verano una nueva ley general audiovisual que permita la privatización total o parcial de las televisiones autonómicas. Será otra medida adicional para frenar el despilfarro de los ejecutivos regionales que en el último ejercicio gastaron 808 millones de euros en subvencionar sus canales de TV.

En la Moncloa cuentan ya con los informes favorables de los órganos reguladores, las comisiones de la competencia y del mercado de las telecomunicaciones que han sido refundidas en una sola instancia, más las sugerencias de las Comunidades autónomas afectadas. Con esos elementos trabaja ya en un texto de reforma de la ley correspondiente que aprobará el Consejo de Ministros en las próximas semanas, según fuentes gubernamentales consultadas por El Confidencial.

La nueva normativa será muy flexible para no entrar en colisión con los estatutos de Autonomía pero se basará en el principio de que las televisiones regionales, sin dejar de ser un servicio público, pueden ser gestionadas con intervención privada, tanto por la entrada de capital ajeno a las administraciones como por la vía de la subcontrata de las funciones. Ya hay de hecho, como en el caso de la TV de Aragón, canales autonómicos que tienen contratados con empresas privadas hasta los servicios informativos.

La mayoría de los gobiernos autonómicos controlados por el PP, el primero el de Madrid, reclaman facultades privatizadoras para reducir sus gastos en televisiones, pero hay estatutos más estrictos que otros en la materia. La actual ley audiovisual general, elaborada por los socialistas, considera la televisión casi como si fuera un órgano constitucional o un servicio básico como la sanidad, la justicia o la educación. Por ello establece que "corresponde a las Cortes Generales, los Parlamentos autonómicos, las autoridades audiovisuales competentes y, en su caso, a los órganos de gobierno local, el control de la gestión y del cumplimiento de la función de servicio público".

Lo que no quiere el Gobierno es que las televisiones autonómicas sigan siendo un agujero por donde se va el dinero público sin medida. Las cadenas regionales pierden audiencia desde hace años y por la vía de la publicidad también han visto reducidos sus ingresos un 30%. Acumulan deudas por valor de 1.600 millones de euros, algunas de ellas, como la valenciana o la catalana, tienen más plantilla que todas las privadas juntas y su sostenimiento vía subvención alcanzó los 808 millones en el último ejercicio. La Junta de Andalucía sumó este año de elecciones autonómicas una partida adicional de 40 millones para que Canal Sur cumpliera con los presupuestos de la temporada.

La Comisión Nacional de la Competencia estima que la privatización de las televisiones autonómicas, además de suponer ventajas para la gestión del erario y los recursos públicos por el ahorro que puede suponer, también contribuiría a introducir un mayor grado de competencia.

http://www.elconfidencial.com/comunicac ... cas-96065/#

No creo que privaticen TV3. Más que nada porque si se privatiza TV3, se acabó el modelo actual de TV3... y pasaríamos a tener algo parecido a 8TV

Tampoco creo que Canal Sur TV sea privatizada, honestamente.

Voy a ser claro y conciso.
Antes que cambien el modelo en sanidad y educación,que le den a las televisiones públicas.

Lauro, tienes toda la razon, de televisiones estamos mas que servidos y donde en realidad hace falta dinero es en medicina y enseñanza

Seré también claro y conciso:

Antes que cambiar el modelo de TV pública, la sanidad o la educación que prohíban las ayudas públicas a los partidos políticos (131 millones en 2011) y a los bancos (7.500 millones en 2011).

Por cierto, en Andalucía no se puede privatizar Canal Sur porque el Estatuto de Autonomía lo establece como servicio público. Y creo que en Extremadura ocurre algo parecido.

Dentro de nada, tecnócratas.

Vuelvo a recordar que para cambiar el carácter público de la RTVA habría que reformar el estatuto de autonomía de Andalucía (ya que ahí viene garantizado).

El problema es que fuera de Euskadi, Catalunya o Galicia, tener TVs autonómicas con sus respectivos segundos canales es bastante redundante. Se podría crear, para aquellas comunidades sin lengua propia, un canal con programación de lo que viene a ser ahora la FORTA y con posibilidad de desconexión para informativos autonómicos y programas de producción propia.

¿Redundante? Yo veo una gran diferencia de contenidos entre Canal Sur 1 y 2 o entre Telemadrid y La Otra. Son programaciones muy distintas hasta el punto de que Canal Sur 1 podríamos llamarlo "Teleabuelo" porque claramente está enfocado a un público de avanzada edad. El segundo canal, en cambio, tiene una mayoría de programas dirigidos a un público juvenil.

No sé, yo creo que lo que tienen que hacer es gestionar mejor sus recursos pero no me parece mal que tengan un segundo canal. Al menos, yo como ciudadano no me siento representado por Canal Sur 1 pero reconozco que en una residencia de la tercera edad donde estuve trabajando era el canal que arrasaba en las habitaciones.