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Las ayudas públicas a la TDT son ilegales según Bruselas

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videoFM5115
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Re: Las ayudas públicas a la TDT son ilegales según Bruselas

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Fuente: Panorama Audiovisual
El Tribunal de Justicia de la UE dictamina que España no tendrá que recuperar las ayudas a la TDT
Luxemburgo anula la decisión de la Comisión por la que se ordenaba recuperar la ayuda estatal concedida por España a los operadores de la plataforma de televisión digital terrestre.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha determinado que España no tendrá que recuperar las ayudas concedidas entre 2005 y 2009 a los operadores de televisión digital terrestre (TDT) en zonas poco urbanizadas, al anular la decisión de la Comisión Europea (CE) que las declaraba ilegales.

El TJUE fallaasí a favor de España y en contra de Bruselas, que consideró en 2013 que estas compensaciones, que ascendían a unos 260 millones de euros, eran incompatibles con la normativa del mercado interior. Entre 2005 y 2009, las autoridades españolas adoptaron una serie de medidas para permitir la transición de la televisión analógica a la digital. Los radiodifusores nacionales tenían la obligación de cubrir el 96 % de la población, en el caso del sector privado, y el 98 % de la población, en el caso del sector público, en sus respectivos ámbitos territoriales. A fin de gestionar la digitalización, las autoridades españolas dividieron el territorio español en tres zonas distintas (I, II y III).

En la zona I, que abarca el 96 % de la población española y que se consideró comercialmente rentable, el coste de la transición a la tecnología digital fue asumido por los radiodifusores públicos y privados; en la zona II, que comprende regiones menos urbanizadas y remotas que representan el 2,5 % de la población española, los radiodifusores no invirtieron en la digitalización por falta de interés comercial, lo que llevó a las autoridades españolas a establecer una financiación pública; en la zona III, con el 1,5 % de la población española, la topografía excluye la transmisión digital terrestre, de modo que se optó por la plataforma satelital.

El objetivo era que el servicio de televisión digital terrestre alcanzara una cobertura del 98 % de la población española, con el fin de igualar el porcentaje cubierto por la televisión analógica en 2007. Como existía el riesgo de que las obligaciones de cobertura impuestas a la televisión digital terrestre no llegaran a ese nivel, se consideró necesario garantizar la cobertura de televisión en la zona II, de modo que las autoridades españolas concedieron financiación pública para apoyar el proceso de digitalización terrestre en dicha zona.

En total, entre 2008 y 2009, se invirtieron en la extensión de la cobertura a la zona II cerca de 163 millones de euros procedentes del presupuesto central, en parte mediante préstamos en condiciones favorables concedidos por las autoridades españolas a las Comunidades Autónomas, y unos 60 millones de euros de los presupuestos de las dieciséis Comunidades Autónomas afectadas. Por otro lado, los ayuntamientos financiaron la extensión con 3,5 millones de euros aproximadamente. Por último, el importe de los fondos concedidos para la explotación y el mantenimiento de la red en los años 2009-2011 fue de al menos 32,7 millones de euros.
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